Estamos en mes electoral y la suerte de mensajes en forma de chantaje emocional a la ciudadanía para que vaya a votar cada día va en aumento. Sin embargo, quien más quien menos empieza a darse cuenta que el modelo de participación de nuestra democracia está obsoleto. Tenemos una democracia diseñada en 1978 para una sociedad que ya no existe. Lo que fue un gran avance en 1978 es hoy en día un modelo que necesita actualización urgente.
Y no, no estoy cuestionando la democracia. Mi impresión es que nuestro país necesita evolucionar hacia un modelo democrático en el que los ciudadanos no solo elijamos a nuestros representantes, y les firmemos un cheque en blanco en base a un programa electoral no vinculante, para que en los siguientes 4 años puedan tomar decisiones importantes que afectan a los ciudadanos sin tener en cuenta precisamente, las necesidades de la ciudania. Con este modus operandi durante los últimos 50 años, desde que lugar nos exigen a los ciudadaos que vayamos a votar. A votar qué exactamente.
Nuestros padres estrenaron una democracia que supuso en sus vidas un avance extraordinario. Nosotros tenemos la responsabilidad de mejorarla. Lo que estamos viendo en los últimos años: recuperar tan intensamente a Franco y la dictadura solo tiene una única intención: Dividir a los ciudadanos en bandos, tratar a la ciudanía como estupídos manipulables y lo peor es eu parece que se está consiguiendo.
Cuando alguien habla de la necesaria modernización de nuestra democracia siempre se encuentra con la misma barrera: La Consitutación Española. Sin embargo nuestra Constitución se ha reformado 4 veces desde 1978. Una en 1992 para permitir a los ciudadanos extranjeros pudieran votar y ser elegidos en elecciones municipales. Otra en 2011, de esta si nos acordamos, cuando el PP y el PSOE pactaron el principio de estabilidad presupuestaria, con límites al déficit y a la deuda pública y prioridad absoluta del pago de la deuda pública en los términos constitucionales. La época de la famosa prima de riesgo con la que habrían los informativos día si y dia también.
Otra en 2024 para sustituir la terminología sobre personas con discapacidad y se actualizaron sus derechos y la obligación de los poderes públicos de protegerlos. Y la última hace apenas unos meses en mayo de este año para separar a Ibiza y Formentera como circunscripciones para elegir senadores. Formentera pasó a tener derecho a elegir un senador propio. Por lo tanto si el gran obstáculo para modernizar nuestra democracia es modificar la Constitución los dirigentes ya tienen experiencia.
Lo que está claro es que estos cambios para modernizar la democracia no van a ser impulsados ni por la clase política, ni por medios de comunicación, ni por ningún poder público ya que todos ellos parecen muy cómodos en el actual estatus quo porque quienes tienen capacidad para cambiar las reglas son precisamente quienes se benefician de mantenerlas.
Pero si, en occidente existen otras maneras de organizar la democracia, ni siquiera tendríamos que inventar nada.
Suiza por ejemplo combina un sistema representativo con mecanismos de participación ciudadana directa. Allí también se elige a los representantes políticos. El Parlamento legisla y el Gobierno gobierna. Pero los ciudadanos conservan herramientas para intervenir en determinadas decisiones durante la legislatura. Esto significa que la ciudadanía no tiene que esperar necesariamente a las siguientes elecciones para cuestionar determinadas decisiones legislativas. En Suiza, por ejemplo, 50.000 ciudadanos pueden solicitar, reuniendo sus firmas en 100 días, que una ley federal aprobada por el Parlamento se someta a referéndum.
No significa que el modelo suizo sea perfecto, ni que todas las decisiones deban someterse a votación popular. Pero demuestra que es posible organizar una democracia en la que nuestros representantes no puedan permitirse el lujo de legislar de espaldas a la cidudanía para la que gobiernan tal y como ha sucedido en nuestro país durante los ultimos 50 años.
Desde 1978 prácticamente todo ha cambiado. Hemos transformado nuestra forma de trabajar, comunicarnos, comprar, estudiar, relacionarnos con las administraciones y gestionar nuestro dinero. Disponemos de tecnologías que permiten verificar identidades, acceder a información pública, realizar trámites complejos y comunicarnos instantáneamente.Sin embargo, seguimos tratando la participación política directa como si fuera algo excepcional, complicado o incluso peligroso.
Me considero una persona de izquierdas y, por supuesto, feminista, creo en la igualdad de derechos entre mujeres y hombres, en las libertades individuales, en la importancia de los servicios públicos y en que una sociedad debe ofrecer las mismas oportunidades a todos sus ciudadanos, independientemente de las circunstancias en las que hayan nacido.
Pero defender esos principios no significa que tenga que estar de acuerdo con cualquier política económica de los partidos que se presentan como progresistas. Ni que deba aceptar una presión fiscal que considero desmedida, una gestión ineficiente del dinero público o la falta de soluciones a problemas tan importantes como el acceso a la vivienda. O el flagrante empobrecimiento de la población española respecto a nuestros vecinos europeos. Y de ningún modo mis convicciones morales implican que tenga que entregar mi voto a partidos cuya gestión considero ineficaz, simplemente porque jamás votaría a la ultraderecha.
¿Es culpa mía y de quienes opinan como yo la posible victoria de la derecha y la ultraderecha? No, queridos, es vuestra responsabilidad. Nuestros hijos deberían poder heredar una democracia actualizada a la realidad de sus vidas. Y para lograrlo, los gobiernos deberían rendir cuentas sobre qué han hecho con el poder, el dinero y la confianza que les hemos entregado y que cambios se comprometen a impulsar para contar con una democracia adaptada a la realidad actual.
